Por: Omar Cavero Cornejo

El anuncio de adelanto de elecciones confirma una estrategia que Vizcarra ha implementado desde que asumió el Gobierno. Esta consiste en alimentar su popularidad a partir del enfrentamiento con el Congreso y generar así un relato que marque la cancha política; es decir, que defina quiénes son los enemigos y arme la agenda central de discusión, con el apoyo de la prensa.

Lo lógica es sencilla. Si el Congreso está dominado por el fujiaprismo y la población los identifica como la encarnación de la corrupción, entonces atacar al Parlamento pone a Vizcarra en la posición de ser la cabeza de la lucha contra la mala política y por la defensa de las instituciones.

No importa tanto que la confrontación sea o no sobre temas de fondo, lo importante es que se haga visible la confrontación. No hay nada más eficiente que un chivo expiatorio al que todos odian. El juego comenzó con el referéndum del año pasado, siguió con la reforma política y continúa ahora con la propuesta de adelanto de elecciones.

Vizcarra sabe que si no confronta, no tiene popularidad. Cuando se le ha agotado el relato, su aprobación ha caído. Cuando ha renovado la confrontación, su aprobación ha subido. Ahora bien, ¿qué pasa por debajo de esa novela?, ¿qué está haciendo el gobierno cuando no está frente a cámaras atacando al fujimorismo?

Acá es donde debemos leer entrelíneas y apaciguar la emoción. El 31 de diciembre del año pasado, cuando todos nos indignábamos con el tema Chávarry, se aprobó un política nacional que sienta las bases para un recorte radical de derechos laborales (como una Ley Pulpín al cuadrado y más). El pasado 28 de julio, salió el Plan de esa política. Ambas fechas pensadas para que nadie note esas normas. ¿Casualidad?

Junto a ello, mientras transcurre el juego de la anti-corrupción, se dio licencia de construcción al proyecto Tía María y hemos tenido una violenta represión en el Valle del Tambo. En el Congreso, el gobierno y el fujimorismo han estado de acuerdo en torno a la Ley de hidrocarburos y han seguido las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, entre otras medidas lesivas para el país.

Y sin ir muy lejos, el 28 mismo, en el discurso, se anunció una nueva Ley general de minería, una política de titulación de tierras que amenaza de forma directa a las comunidades indígenas y hasta la luz verde al corrupto proyecto del aeropuerto de Chinchero. Claro, pero la noticia que quedó es: “¡se enfrentó al fujimorismo!, ¡hasta sacrificó su propio cargo!” “¡Qué hábil!”

Pero no queda ahí la cuestión: al adelantar el escenario electoral, hará que la izquierda oficial (esa de los abrazos con Luz Salgado y del apoyo a Salaverry) se quiera colgar de la popularidad de Vizcarra para que le salpique algo y así (aunque ya están acostumbrándose) forzarlos a convertirse en fuerza oficialista. A la vez, el fujimorismo y el APRA no podrán recomponerse tan pronto, y hasta Antauro se friega porque sale libre el 2021.

Entonces, sí, ¡magistral! Pero, ¿magistral para quiénes?, ¿para el ciudadano de a pie? No, al ciudadano le dan una novela, pero a la clase empresarial le dan todo, justo cuando la situación se pone más difícil. Y adivinemos qué: los grandes protagonistas de la mega corrupción son justamente esos grandes empresarios.

¿Volveremos a caer en el juego? No confundamos a los enemigos: son el fujiaprismo y el Gobierno, ambos, y lo son pues los dos responden a los que se levantan en peso el Perú: esa clase empresarial corrupta que quiere pasar desapercibida.

Y a ellos los sacamos con un proceso popular constituyente impulsado desde las calles. No hay de otra. Como dice la salsa: que no nos pinten pajaritos en el aire.