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VÍCTIMAS DE UN ESTADO TORPE E IMPROVISADO

“El ejemplo más cotidiano son todas las esquinas en que se vende gasolina ecuatoriana de contrabando. De hecho, los vendedores suelen instalarse frente a las comisarías, pagando un cupo a los uniformados”

Por Wilfredo Ardito Vega

A comienzos de este mes el Presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se trasladaron a la cálida ciudad de Tumbes, donde anunciaron complacidos que comenzaba el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia Delictiva, una respuesta eficaz y firme contra la delincuencia común. Informaron, satisfechos, que en menos de hora y media se estaba condenando a un delincuente, detenido in fraganti por la Policía, mientras que el proceso normal podía durar hasta un año. El éxito de los juzgados de flagrancia en Tumbes permitiría que se extendiera el proyecto a nivel nacional.

Probablemente, si Sánchez y Ticona hubieran conocido más la realidad de Tumbes se  habrían quedado impactados sobre los dramáticos niveles de impunidad y corrupción que existen y que también involucran a sus propias instituciones. El ejemplo más cotidiano son todas las esquinas en que se vende gasolina ecuatoriana de contrabando. De hecho, los vendedores suelen instalarse frente a las comisarías, pagando un cupo a los uniformados.

En realidad, este mes, en las calles y carreteras de Tumbes es evidente el mayor despliegue policial, pero no por los juzgados de flagrancia, sino para cobrar más coimas de lo usual a mototaxistas, choferes de colectivos y automovilistas particulares. La piadosa razón es que a fin de mes es el Día de Santa Rosa y los policías quieren reunir efectivo para cubrir las celebraciones de su patrona.

La falta de legitimidad de la Policía tumbesina es tan grande que a nadie sorprende ver un convoy de contrabandistas escoltado por dos patrulleros. Lo que es sorprendente es que a la Policía de Tumbes se le haya otorgado un gran poder para determinar la libertad de las personas, gracias que el Poder Judicial y el Ministerio Público han decidido acelerar los procesos en caso de flagrancia, sacrificando el derecho a la defensa de los ciudadanos.

El 2 de agosto, el segundo día que estaban en vigencia los Juzgados de Flagrancia, Roy Roque Feijoó, un vigilante que trabajaba en Zarumilla fue detenido por la Policía mientras viajaba en una moto lineal.  El conductor, un menor de edad, dijo que Feijoó había robado la motocicleta. Al parecer, Roy tiene un retardo leve, que le impidió expresarse con facilidad.  Parece, también, que el conductor había participado en el robo de la moto. El caso es que los policías golpearon a Feijoó y lo llevaron al Juzgado de Flagrancia, que, sin preocuparse por las visibles lesiones o por la condición mental de Feijoó, dispuso que fuera internado por cuatro meses en el penal de Puerto Pizarro.

Al día siguiente de la visita de Sánchez y Ticona, llegó a Tumbes el primer ministro Pablo Cateriano, junto con otros seis ministros quienes venían para ver las obras de prevención para el fenómeno del Niño. Aunque ninguno de los ministros tenía injerencia en el caso de Feijoó, sus hermanos y su madre estaban desesperados. Acudieron en vano al aeropuerto y cuando supieron que el helicóptero aterrizaría en la misma ciudad de Tumbes, al lado del transitado puente que atraviesa el río del mismo nombre, no dudaron en dirigirse allí.

Lo que sucedió luego ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo: no había ningún cordón de seguridad y, cuando la hermana menor de Roque pensó que era posible acercarse a la nave, una de las hélices la decapitó.

Paradójicamente, la voluntad de las autoridades de mostrarse más cerca de la población tumbesina había ocasionado una tragedia. De hecho, pese a que el Presidente Humala respaldó a los pilotos, en Tumbes la visita generó un rechazo generalizado que abarcaba a todo el Estado, incluyendo  los juzgados de flagrancia que tan pomposamente habían sido establecidos.

Es muy probable que la decisión de escoger Tumbes para zona piloto para iniciar los juzgados de flagrancia  se haya debido a que se pensó que era una zona relativamente pequeña y manejable. No se pensó que es una región marcada por la ilegalidad y la falta de legitimidad de las autoridades.

La atroz muerte de Dioselinda Zapata generó honda solidaridad con su hermano. Dos semanas después, por fin, un magistrado revocó la orden de prisión y dispuso la liberación de Roque. Por otra de esas ineficiencias de nuestras autoridades, aunque la orden se dio un viernes en la noche no pudo salir en prisión hasta ayer lunes y esto porque la Defensoría del Pueblo motivó a que se enviara la notificación de libertad. De lo contrario, probablemente seguiría detenido. Es decir que las condenas son rápidas, pero las órdenes de libertad siguen siendo burocráticas.

Ahora está en las manos del Poder Judicial y el Ministerio Público rectificar y corregir los errores de los juzgados de flagrancia, pero qué lástima que haya tenido que morir una joven para ello.

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