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EL GRAN RETO

“Con ese numeral esa sola mayoría, sin el Ejecutivo puede: modificar directamente y sin escalas la Constitución, nombrar al Defensor del Pueblo, a los magistrados del TC y dar la legislación que le plazca. También podrá acusar a cuanto funcionario desee, ya que el juicio en el Congreso no es jurídico, sino político; incluyendo la inhabilitación para la función pública, censurar ministros, tumbarse a un Gabinete, negar su investidura y hasta vacar al propio Presidente de la República por “incapacidad moral” para lo que no se requiere justificación ni fundamento, sino tan solo la fuerza del número de votos. Que se los cuente el expresidente Lugo en Paraguay, o la suspensa presidenta Roussef en Brasil”…

Por Aníbal Quiroga León

Al inaugurarse un nuevo gobierno democrático, hemos ingresado a un periodo histórico inédito en nuestra historia constitucional ya que –como lo señalamos hace tiempo desde esta tribuna— por primera vez entramos a un cuarto cambio constitucional consecutivo desde el año 2000, en que el régimen autocrático y perpetuacionista –como varios en Latinoamérica con traza de seudorevolución— cedió paso a un gobierno de transición y, a partir de allí, a cuatro gobiernos democráticos pacifica y legítimamente elegidos por la mayoría del pueblo e instalados en el poder sobre la base de la Constitución.

Más allá de los infaltables sicosociales sobre alucinados “golpes de Estado” (incluyendo el no menos desopilante indulto a AFF de la semana pasada), lo cierto es que los periodos y protocolos constitucionales se han cumplido con rigor y, a despecho de las altas y bajas en el trabajo del JNE, nadie ha discutido los resultados oficiales que este año la ONPE entregó en tiempo récord, sobre todo contando con la dificultad geográfica del Perú y la diáspora de los compatriotas sufragantes en el extranjero.

Ahora que pasó la embriaguez de la toma del poder, los saludos, abrazos y sobonerías, se iniciará un gobierno que tiene por delante ingentes retos. En primer lugar, debe lidiar con un Congreso en que la oposición, picona por cierto, tiene una abrumadora mayoría y cuya demostración de poder se efectuó con la elección de su nueva presidenta: 87/130. Con ese numeral esa sola mayoría, sin el Ejecutivo puede: modificar directamente y sin escalas la Constitución, nombrar al Defensor del Pueblo, a los magistrados del TC y dar la legislación que le plazca. También podrá acusar a cuanto funcionario desee, ya que el juicio en el Congreso no es jurídico, sino político; incluyendo la inhabilitación para la función pública, censurar ministros, tumbarse a un Gabinete, negar su investidura y hasta vacar al propio Presidente de la República por “incapacidad moral” para lo que no se requiere justificación ni fundamento, sino tan solo la fuerza del número de votos. Que se los cuente el expresidente Lugo en Paraguay, o la suspensa presidenta Roussef en Brasil.

Ese es el gran reto: continuar nuestro desarrollo constitucional, profundizar nuestra democracia y sacar adelante al país con un eficiente Ejecutivo y una oposición hípermayoritaria que ya demostró su fortaleza y que se abstuvo —siquiera por cortesía— aplaudir las palabras del nuevo presidente constitucional. Es decir, tiene sangre en el ojo. A ello se sumarán los áulicos(cas) que, habiendo perdido su cuota de poder, ya empezaron a criticar ácidamente cuanto movimiento hace o hará PPK.

Luce difícil, sino imposible, pero estamos en el siglo XXI con un país más desarrollado en su conciencia política y económica y que a diario tiene una mayor presencia fiscalizadora. Habrá que hilar muy fino (el Ejecutivo) y andarse con mucha cautela (el Legislativo) si quieren tener viabilidad política en el recambio constitucional del 2021.

Nota: Tomado de la revista Velaverde del 01 de agosto de 2016.

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