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BAGUA: LA SENTENCIA Y LA POLÉMICA

“La absolución no se debe a un tema intercultural, sino a que los policías fallecieron por arma de fuego y la pericia de absorción atómica mostró que ninguno de los acusados había disparado un tiro. No tenía tampoco sustento considerar instigador a Santiago Manuin, que estaba malherido e inconsciente cuando los hechos ocurrieron o a Alberto Pizango, que estaba en Lima sin comunicación con los awajún a la hora que ocurrieron los hechos”.

Por Wilfredo Ardito Vega

Poco después de la tragedia de Bagua, un joven awajún viajó desde su comunidad para averiguar dónde estaba detenido su padre.  No lo iba a visitar, sino a ofrecerse en su lugar.

Los abogados le explicaron que no tenía sentido, porque él no había participado en los trágicos sucesos del 5 de junio.

-Mi padre tampoco –replicó él-, y yo puedo resistir mejor lo que le están haciendo.

Esta anécdota muestra que para el joven awajún, su padre no era un detenido, sino un prisionero, a quien el Estado peruano privaba de su libertad como parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas, que entonces había dispuesto el régimen de Alan García.

En realidad, durante estos siete años, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional se han comportado con tanta arbitrariedad que no parecían buscar justicia, sino doblegar a los pueblos awajún y wampís.   Por todo ello me sorprendió muy positivamente la sentencia promulgada el jueves pasado que absolvió a los 53 acusados del asesinato de doce policías en la Curva del Diablo.

La sentencia ha generado reacciones marcadamente polarizadas: quienes habían seguido el proceso de cerca sintieron alivio porque por fin terminaba el sufrimiento de 53 personas inocentes y de sus familias.   Otras personas, como los congresistas fujimoristas Carlos Tubino y Lourdes Alcorta y el Ministro del Interior Carlos Basombrío señalaban su indignación porque “no había justicia en el Perú” y los asesinos de los policías habían quedado impunes.

Quienes creen que la Sala Penal absolvió a los homicidas, demuestran un gran desconocimiento sobre el proceso y también sobre los trágicos incidentes del 2009.

Lo que comúnmente se denomina ‘el Baguazo’ fue  una sucesión de hechos violentos: el enfrentamiento en la Curva del Diablo, la desaparición del mayor Felipe Bazán, la masacre de policías desarmados en la Estación 6 de Petroperú (a muchos kilómetros de distancia) y los disturbios ocurridos en la ciudad de Bagua donde numerosas personas quedaron heridas por los disparos de la policía.

El proceso que concluyó el jueves pasado se refería al primer caso, el de la Curva del Diablo y, en éste, solamente a la muerte de los doce policías, no a los diez nativos y campesinos que allí también fallecieron. Un dato importante es que en el enfrentamiento no solo participaron indígenas, sino campesinos de la zona a quienes la sentencia denomina mestizos. En total, junto con 22 indígenas awajún y wampís y el líder shawi Alberto Pisango, había 31 mestizos acusados.

La sentencia es un documento muy prolijo, que en 392 páginas busca contextualizar los hechos, presentando mucha información histórica y antropológica sobre los awajún y wampís. Se señala como antecedentes la indignación de los indígenas por la presencia de la empresa minera Afrodita en su territorio y el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja por el gobierno de García (RP 355). Ignorando dicho descontento, García promulgó varios Decretos Legislativos que afectaban a los pueblos indígenas, especialmente el 1015 que permitía la disolución de las comunidades nativas y la venta de su territorio.

La sentencia recuerda que ya en agosto del 2008 se habían producido otros enfrentamientos entre los awajún y la Policía, y que tanto la Defensoría del Pueblo como la OIT y AIDESEP habían intervenido infructuosamente buscando que el régimen de García diera marcha atrás.  Al relatar el conflicto, no se oculta la violencia que sufren los policías, los bomberos y el Ministerio Público, aunque en estos dos últimos casos, varios testimonios señalan que los atacantes fueron mestizos y no nativos.

Se cita documentos como la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, así como los protocolos emitidos por el Poder Judicial para abordar casos donde estén involucrados indígenas y ronderos. Se analiza conceptos como tierra, territorio e interculturalidad. Debemos destacar especialmente que se señala que no es posible considerar delito la interrupción de la carretera, puesto que era parte del ejercicio del derecho a la protesta que debe ser respetado por el Estado (pp. 155-157) y los indígenas carecían de otras posibilidades para proteger sus territorios (pp. 354-357).

Menciona el artículo 15 del Código Penal, que establece el error de comprensión culturalmente condicionado, pero aclara que en ningún momento puede justificar una violación a los derechos humanos (p. 358).

La absolución no se debe a un tema intercultural, sino a que los policías fallecieron por arma de fuego y la pericia de absorción atómica mostró que ninguno de los acusados había disparado un tiro. No tenía tampoco sustento considerar instigador a Santiago Manuin, que estaba malherido e inconsciente cuando los hechos ocurrieron o a Alberto Pizango, que estaba en Lima sin comunicación con los awajún a la hora que ocurrieron los hechos.

De esta manera se confirma lo que ya advertían los organismos de derechos humanos y las instituciones de la Iglesia Católica: que las detenciones eran totalmente arbitrarias y que muchos detenidos habían sido golpeados para obligarles a firmar confesiones.  El caso más grave fue el de Feliciano Cahuasa, quien estuvo detenido durante cinco años en el penal de Huancas, en una zona muy fría y distante de las comunidades nativas.

Leer los testimonios de los involucrados es realmente triste, porque hace pensar cuán difícil es una reconciliación en un país como el Perú.  Varias veces he visto a los familiares de los policías y de los procesados juntos, muy afectados, mientras los políticos de la época eluden cualquier responsabilidad (como la vicepresidenta Araoz).

Ahora bien, la reconciliación será imposible si persiste la impunidad, especialmente para quienes cometieron los crímenes de la Estación 6 y los responsables de la desaparición del mayor Bazán. Ninguno de ellos estaba entre los absueltos el jueves pasado.  Por eso, pese a que la sentencia es positiva para los acusados, queda la sensación de que la justicia está muy lejos de llegar para quienes perdieron a sus seres queridos el triste 5 de junio del 2009.

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