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¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE OCURRE EN VENEZUELA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS?

Debido a las denuncias vinculadas a los derechos humanos en Venezuela, un grupo de defensoras peruanas de derechos humanos visitó este país entre el 21 y 23 de octubre para observar esta situación y poder conocer qué es lo que realmente está sucediendo. La misión puso énfasis en la criminalización de la protesta, los problemas de libertad de expresión y la situación de los defensores de derechos humanos.

El Perú sufre y ha sufrido de graves violaciones a los derechos humanos y sabemos lo importante de la solidaridad internacional para visibilizar esta situación, a fin que el Estado retroceda en sus prácticas y busque la sanción de las violaciones que ya se han cometido. Es por esa razón que se hizo eco al llamado de organizaciones de derechos humanos venezolanas, que históricamente han tenido un rol preponderante en su país.

Otra de las razones por las que se realizó esta visita fue la preocupante y contradictoria información que llega al Perú sobre lo que viene ocurriendo en este país relacionado a este campo. Consideramos que si un sector de la población acusa al estado, reiteradamente, de violaciones a los derechos humanos estas denuncias no deben ser silenciadas, sino investigadas.

La delegación estuvo conformada por tres defensoras de derechos humanos: Rocío Silva Santisteban Manrique (Ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos –CNDDHH- y profesora universitaria), Gisela Ortiz Perea (defensora de derechos humanos, directiva del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF- y vocera de los familiares de las víctimas del crimen de “La Cantuta”) y Lilia Ramírez Varela (integrante del Comité Directivo del Instituto de Defensa Legal-IDL), quienes sostuvieron reuniones con diversos sectores de la sociedad civil, dirigentes sindicales, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas.

Como resultado de las reuniones y de la visita a diversos espacios, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Criticamos los actos de violencia que se han producido al ejercer el derecho humano a la protesta. Episodios vandálicos son contraproducentes, tanto de parte de quienes manifiestan su oposición al gobierno, como del estado o grupos que actúan en su apoyo. Si bien todo país tiene derecho a luchar contra este tipo de delitos, el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta, como lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.

2. Queremos expresar nuestra especial preocupación por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Exhortamos al Estado venezolano a apoyar a los defensores, de manera irrestricta, cumpliendo con controlar a los grupos que realizan los actos violentos, así como a solicitar a sus altos representantes que moderen la actitud hostil hacia los integrantes de instituciones de sociedad civil que tienen posiciones disidentes a las políticas públicas que implanta el estado venezolano. Disentir o criticar no es sinónimo de ser enemigos del país.

3. El derecho humano a la libertad de expresión, dentro de la cual se encuentra la crítica y la protesta social, se debe de garantizar no solo cuando la difusión de ideas e informaciones son favorables, inofensivas o en apoyo del estado, sino también, y principalmente, cuanto ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Esta una exigencia trascendente para el desarrollo de una sociedad democrática, y que lamentablemente no viene cumpliendo el gobierno venezolano.

4. Exigimos el cumplimiento por parte del estado venezolano de todas las medidas cautelares otorgadas a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país; y exhortamos a que se realicen las investigaciones debidas y se sancionen los actos de violencia ejercidos contra éstos.

5. Es preocupante la crisis en la que se encuentran las personas deportadas a Colombia de Venezuela, y que fueron sujetas a expulsiones colectivas. La forma en la que se realizaron las deportaciones indica la violación de múltiples derechos humanos. Las fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la xenofobia y la reproducción de la violencia. Así también preocupa el discurso xenófobo que vienen intensificando ciertos actores del estado contra la población colombiana.

6. La comunidad de derechos humanos de Perú seguirá atenta a lo que viene ocurriendo en Venezuela en relación al ejercicio de los derechos humanos y a la situación de las personas que los defienden. Creemos en la importancia de la solidaridad internacional, máxime cuando se trata de un país hermano, a fin de visibilizar esta situación y esperando que el Estado retroceda en sus prácticas y busque la sanción de las violaciones que ya se han cometido.

En el siguiente informe, se presenta en detalle lo que viene ocurriendo en Venezuela.

Vea el informe completo en el siguiente link.

Por: Prensa IDL

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