alan 1985

LOS MEDIOS DE ALAN GARCÍA

El primer periodo de Alan García fue uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia republicana. En este capítulo de su libro ‘Historia de la corrupción en el Perú’, el historiador Alfonso Quiroz nos narra cómo se desenvolvió y desarrolló la corrupción y el robo sistemático en ese periodo. 

Por Alfonso W. Quiroz

La toma de mando de García Pérez en julio de 1985 se recibió con grandes expectativas. Era la primera vez en la historia que el viejo partido aprista dominaba el poder ejecutivo sin rival alguno y contaba además con una clara mayoría en el Congreso. Las recompensas esperadas por tantos años de lucha política animaban a jóvenes y viejos apristas: esta era la oportunidad largamente esperada de resolver los problemas del Perú siguiendo el lema sectario de «solo el APRA salvará al Perú». García, de treinta y seis años, confiaba más bien en la vieja escuela populista radical, opuesta a la postura moderada en retirada. Con el respaldo del viejo dirigente partidario Armando Villanueva, García desplazó a las facciones rivales surgidas tras la muerte de Haya en 1979, consolidó la autoridad partidaria y se convirtió en secretario general del APRA y su candidato presidencial en 1984 y 1985, respectivamente.

Los apristas desplazados pronto criticaron lo que vieron como el creciente distanciamiento ideológico y moral que separaba a García del reverenciado patriarca Haya. También denunciaron la incapacidad de García para superar el soborno y la corruptela en su recién inaugurado gobierno. Vargas Haya, diputado elegido por el APRA en 1985 y presidente de la Cámara de diputados en 1988, discrepaba con los procedimientos de la dirigencia de su partido en varios aspectos, sobre todo en lo que él consideraba como el perdón de la corrupción del gobierno anterior. A Vargas Haya le tomó varios años denunciar públicamente los males de su partido y, finalmente, renunciar a su antigua militancia aprista. La creciente decepción con el gobierno de García dentro del APRA y entre quienes votaron por él creció después de su primer año y se extendió tras su segundo año en el mando.

Inicialmente, el presidente había logrado mantener un importante respaldo público y la colaboración de influyentes grupos de élite gracias a su carisma personal y a sus sigilosas transacciones políticas y económicas. Su política económica central fue diseñada por un pequeño grupo de estrategas económicos «heterodoxos» de inclinación izquierdista. Pronto se hizo evidente que García buscaba manipular el manejo económico para conseguir resultados políticos. Sus medidas intervencionistas recordaban a las implementadas por los gobiernos de Bustamante y Velasco puesto que favorecían los controles de precios, importaciones y divisas extranjeras, todas ellas fuentes principales de un abusivo poder discrecional, favoritismo y tráfico de influencias. García, además, elevó los salarios, lanzó un ambicioso programa de empleo y prometió reducir el gasto militar.

Los peligros de la intervención populista no perturbaron a los importantes intereses económicos que habían logrado un pacto o concertación con el gobierno de García con la finalidad de que reactivara la economía mediante la expansión de la oferta interna. Las políticas que reducían la capacidad industrial subutilizada y daban un acceso privilegiado a las divisas extranjeras, a una tasa subsidiada más baja (dólar de mercado único de cambio o dólar MUC), fueron particularmente beneficiosas para aproximadamente una docena de grupos empresariales nacionales cuyos líderes pasaron a ser conocidos como los «doce apóstoles» por su compromiso con García. Los más importantes de ellos habían contribuido discreta pero generosamente a su campaña presidencial.

Asimismo, la estrategia económica y financiera de García descansaba sobre la temprana y controversial decisión de limitar el pago de los intereses de la deuda externa al 10 por ciento de los ingresos totales de las exportaciones peruanas. Las implicaciones políticas internacionales de este audaz anuncio colocaron al Perú, un país con urgentes necesidades de financiamiento e inversión extranjera, en una situación incómoda con la comunidad financiera internacional. Esta vulnerabilidad eventualmente tuvo consecuencias negativas para las finanzas y reservas peruanas. Sin embargo, García se presentó como el valeroso defensor de un pequeño país asediado por las grandes instituciones bancarias internacionales. El artificio económico contradictorio, preparado por García, sus asesores y aliados, solamente funcionó dos años. Comenzó a derrumbarse después de que el presidente anunciara su decisión de nacionalizar los bancos y las compañías de seguros en julio de 1987. Esta decisión fue un error monumental que alejó a sus amigos capitalistas, varios de los cuales eran propietarios de los bancos más importantes del país, y a la mayoría de la clase media. Así, pese a los serios esfuerzos realizados por el ejecutivo para implementar la nacionalización, la creciente oposición y los obstáculos legales derrotaron el plan radical de García.

Alan García anunció la estatización de la banca.

Alan García anunció la estatización de la banca.

En lo que concierne a las fuerzas policiales y militares, las primeras medidas de García se concentraron en la «moralización» y el respeto por los derechos humanos. La reacción de este presidente populista a la extendida corrupción de las diversas ramas de la policía al finalizar el gobierno de Belaúnde consiguió logros modestos. Se despidió u obligó pasar al retiro a los funcionarios y autoridades corruptos y reorganizó la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. A comienzos de 1986, estas se rebautizaron como los departamentos de Policía General, de Seguridad y Técnica, respectivamente, y los tres fueron puestos bajo la égida de la una Policía Nacional. La Policía Técnica de investigaciones, en particular, profundamente corrompida durante el gobierno anterior, experimentó una mejora al enfrentar los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

García había pensado depender más de las fuerzas policiales bajo la autoridad de su ministro del Interior, al tiempo que limitaba el poder inflado de los militares en cuestiones del gasto en adquisición de armas y represión de la subversión. Varios generales fueron responsabilizados por distintas masacres de civiles en las zonas de emergencias y obligados a pasar a retiro. García envío mensajes contradictorios a los militares en relación con esfuerzos antiterroristas y creó un único Ministerio de Defensa, que absorbió a los ministerios de las tres fuerzas armadas. Aunque el cambio fue fundamentalmente burocrático y cosmético, muchos altos oficiales consideraron que se trataba de una intromisión indeseable en los asuntos militares y amenazaron con un golpe. Pero tal vez la decisión más controversial en lo que respecta a los militares fue la que implicó el corte de parte de la compra de veintiséis aviones caza mirage 2000 pactaba por el gobierno de Belaúnde con las compañías estatales francesas Marcel Dassault y Snecma Thomson. García y sus asesores sostenían que reducir la compra a doce aviones le ahorraría al gobierno peruano una suma considerable que podría usarse en rubros más urgentes. Sin embargo, las negociaciones secretas y el arreglo final de este asunto dejaron persistentes dudas.

El probo exsenador, ya fallecido, Carlos Malpica, denunció que García recibió una millonaria coima por el tema de los mirage.

El probo exsenador, ya fallecido, Carlos Malpica, denunció que García recibió una millonaria coima por el tema de los mirage. Maplica escribió un libro al respecto: “Pájaros de alto vuelo”.

Durante los primeros años de gobierno, los medios de comunicación tuvieron una actitud benigna con García. Los dueños de diarios, radios y empresas televisivas tenían un acceso privilegiado a los dólares MUC, a la tasa oficial para importar bienes y pagar por servicios en el extranjero. Además, García contaba con el respaldo de propietarios claves de los medios, como su cercano amigo y asesor Héctor Delgado Parker, copropietario de la red de TV más importante de la época. La influyente revista Caretas y el diario de izquierda La República también simpatizaban con García.  Otros periódicos ligados a importantes grupos económicos evitaron molestar a joven presidente con miras a conseguir algún tipo de beneficio. No sorprende que aparecieran pocos escándalos de corrupción antes de 1987. Solamente Fernando Olivera, un tenaz diputado de la oposición, planteó preguntas enojosas acerca de los orígenes de los ingresos y propiedades del presidente electo justo antes de asumir el mando. Olivera propuso una investigación parlamentaria que fue rechazada por la mayoría aprista en la Cámara de diputados.

Las primeras señales y percepciones de renovada corrupción aparecieron debido a la presencia cada vez mayor de militantes y simpatizantes apristas en los puestos e instituciones de la Administración Pública. La competencia técnica y el mérito pesaban menos que el auspicio partidario. Las burocracias claves como el Banco Central de Reserva (BCR), del departamento de contribuciones (DGC) y el seguro social (IPSS) fueron controladas por funcionarios apristas. Los amigos cercanos de García y su partido, como algunos empresarios, tuvieron acceso a dólares a una tasa de cambio subvaluada para sus propios negocios privados. Asuntos similares trajeron abajo al régimen de Fernando Collor de Mello en Brasil.

Fernando Olivera, Pedro Cateriano y Loures Flores (ahora aliada de García), denunciaron en ese entonces los delitos de García ante el senado de los EE.UU.

Fernando Olivera, Pedro Cateriano y Loures Flores (ahora aliada de García), denunciaron en ese entonces los delitos de García ante el senado de los EE.UU.

El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía imparable. El gobierno de García impuso la selección de varios jueces entre miembros de su partido. Los recursos urgentemente necesarios para revivir el sistema judicial no llegaban. De este modo, las condiciones de jueces incompetentes, salarios extremadamente bajos y una peligrosa cantidad de casos pendientes, el 80 por ciento de los cuales estaba ligado a personas detenidas en prisión, no cambiaron o más bien empeoraron. Muchos narcotraficantes operaban con virtual impunidad sobornando a los jueces, en tanto que los magistrados de Lima y provincias temían condenar a terroristas por miedo a sufrir represalias. Al explicar la información conseguida por los funcionarios del programa USAID sobre reformas judiciales en el Perú desde 1987, un funcionario de Estados Unidos sostuvo que el presupuesto inadecuado era «probablemente la causa más importante del fracaso del sistema, puesto que lleva a la corrupción del personal judicial, que para su supervivencia económica depende de pagos de dinero bajo la mesa hechos por abogados y clientes».

Uno de los escándalos que remeció el gobierno de García se derivó de las espantosas condiciones de vida en las prisiones estatales. Los senderistas detenidos, la mayoría de los cuales esperaba ser juzgado, habían convertido varias prisiones en bastiones de resistencia, propaganda y reclutamiento. Así, los presos terroristas coordinaron levantamientos simultáneos en tres penales de Lima en vísperas de la conferencia de la Internacional Socialista, celebrada en Lima en junio de 1986, en la cual García esperaba tener un papel estelar. El presidente ordenó al alto mando de las fuerzas armadas que se hiciera cargo del asunto, en lo que sería una acción militar que dejó alrededor de trescientos presos muertos, un gran número de los cuales fueron ejecutados in situ luego de haberse rendido. Los pedidos de investigaciones por los abusos cometidos contra los derechos humanos se multiplicaron tanto dentro como fuera del país, una vez que se supo la magnitud de la masacre unos cuantos días más tarde. García dio marcha atrás en su postura inicialmente desafiante y atribuyó a la débil Guardia Republicana lo que él llamó los «excesos» cometidos en la represión de los levantamientos, en lugar de implicar a los militares o a su mando civil. En esa ocasión, García demostró su semblante político al evitar asumir obvias responsabilidades. Su reputación había sido dañada y su imagen se erosionó profundamente.

Cerca de 300 muertos resultaron tras la orden de García de sofocar el motín a cualquier precio. Agustín Mantilla tuvo una activa participación y se llevó muchos "secretos" a la tumba.

Cerca de 300 muertos resultaron tras la orden de García de sofocar el motín a cualquier precio. Agustín Mantilla tuvo una activa participación y se llevó muchos “secretos” a la tumba.

Los escándalos de corrupción comenzaron a salir a la luz tras la fallida nacionalización de la banca en 1987, que convenció a un importante sector de la élite y de los medios de masas de oponerse a las inconsistencias, políticas contradictorias y traiciones de García. Dionisio Romero, uno de los banqueros más ricos e influyentes del Perú, declaró en canal 5 de televisión que él había contribuido al financiamiento de la campaña electoral de Alan García. El depósito irregular de las decrecientes reservas del BCR en el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), que estaba en problemas y que era culpable de lavado de dinero y de otras prácticas ilegales en el ámbito global, captó la atención de la creciente oposición. El sospechoso papel desempeñado por el gobierno en un posible encubrimiento de tráfico de armas en conexión con el general Manuel Noriega de Panamá (el caso de la nave danesa Pía Vesta) y el ministro del Interior Agustín Mantilla (la nave peruana Sabogal y la polaca Zuznica), exsecretario de García y su mano derecha, a quien además se acusaba de proteger a comandos paramilitares, llevó a diversas investigaciones y especulaciones. El desastroso desempeño económico que condujo a tasas de inflación de cuatro dígitos y a una caída del 14 por ciento del PBI incrementó la presión contra el régimen aprista en el poder. Las obras públicas fallidas o ineficientes como el costoso tren eléctrico, anunciado como la solución al problema del transporte en Lima, y el proyecto de irrigación de Chavimochic, en la región norte, pasaron a ser símbolos icónicos de la corrupción.

El pésimo manejo económico de la gestión de García llevó la inflación a cifra terroríficas.

El pésimo manejo económico de la gestión de García llevó la inflación a cifra terroríficas.

Asimismo, el fracaso de la política agraria de Gacía, de los controles de precios y de las restricciones a la importación de alimentos, tuvo varias consecuencias desastrosas. Surgió entonces un mercado negro de productos alimenticios, y la especulación y otras manipulaciones provocaron grandes penurias para los consumidores de bajos ingresos. Los funcionarios del Estado se encontraron implicados en numerosos escándalos. Por ejemplo, el ministro de Agricultura Remigio Morales-Bermúdez Pedraglio se vio forzado a renunciar a mediados de 1988, luego de que un envío de carne importada fuera descubierto podrido a su arribo, supuestamente por un mal manejo burocrático.

En el campo del narcotráfico, el compromiso del gobierno con el erradicación de la coca y la interdicción del tráfico de cocaína, en colaboración con los programas de la Agencia Antidrogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos que aprobó automáticamente la certificación del Congreso estadounidense para la asistencia técnica, fue minado por la oposición política izquierdista y las actividades rebeldes en el Alto Huallaga. La respuesta militar a los ataques insurgentes contra la base policial antidrogas de Santa Lucía (cerca de Uchiza, en la provincia de San Martín), comandada por el brigadier general Alberto Arciniega, habría sido proteger a los productores y traficantes de coca para así contrarrestar la influencia de Sendero Luminoso y beneficiarse personalmente. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) estadounidense afirmaba, en septiembre de 1989, que los «militares peruanos están ahora involucrados con los traficantes de drogas al tiempo que intentan erradicar la insurgencia».

Sin embargo, las relevaciones y descubrimientos más importantes del malos manejos y corrupción tuvieron lugar después de que García dejara el mando en julio de 1990. Una serie de complicadas alegaciones y cargos que llevaron a investigaciones, sanciones y procesos parlamentarios echó luz sobre una amplia gama de corruptelas que habría existido durante el gobierno de García. Ellas comenzaron con las investigaciones parlamentarias. García, con el respaldo infalible de sus asesores y colaboradores políticos y legales, se defendió con enérgicas muestras de destreza legal y oratoria. Una nueva generación de políticos anticorrupción —los diputados Fernando Olivera, Lourdes Flores y Pedro Cateriano, entre otros— unieron fuerzas para privar a García de su inmunidad parlamentaria como primero paso para que fuera enjuiciado.

Los principales cargos presentados contra García en 1991 incluían el enriquecimiento ilícito como funcionario, debido a ingresos no declarados de dudoso origen y probables ganancias ilegales provenientes de su participación directa en los casos de los aviones mirage y el BCCI. Cargos adicionales incluyeron el pedido y la recepción de sobornos de la agencia estatal italiana que financió la construcción del sistema de tren eléctrico de Lima. Altos exfuncionarios, entre ellos Mantilla, el último ministro del Interior de García, también enfrentaron cargos. Las evidencias provinieron inicialmente de investigaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo en Estados Unidos e Italia, así como de las repercusiones de las averiguaciones parlamentarias y judiciales de la década de 1990. A pesar de los errores procesales que finalmente descarrilaron el caso de la fiscalía contra García, y del corrupto contexto político e institucional del posterior régimen de Fujimori, se aprendieron importantes lecciones para el establecimiento de procedimientos anticorrupción modernos en los sistemas tanto político como legal del Perú.

Investigaciones hechas en Italia ofrecieron evidencias de que García habría recibido también fuertes coimas para la construcción del famoso tren eléctrico a cargo de una empresa italiana.

Investigaciones hechas en Italia ofrecieron evidencias de que García habría recibido también fuertes coimas para la construcción del famoso tren eléctrico a cargo de una empresa italiana.

La habilidad oratoria y demagógica de García lo hizo un dirigente carismático y popular. Pero él distaba mucho de ser un líder adecuado para las urgentes circunstancias del momento. Vargas Haya consideraba que García era movido fundamentalmente por el beneficio personal inmediato y por el supremo deseo de conquistar el poder. Sus notorias tendencias egocéntricas, autocráticas y sectarias minaron en lugar de reforzar las instituciones del sector público que tan necesitadas estaban de un cambio profundo. Muchos analistas se han concentrado en las consecuencias negativas de los rasgos políticos y autoritarios de García, descuidando, sin embargo, la difundida corrupción que semejante estilo político generó. La historia de los casos legales abiertos en su contra entre 1990 y 2001 ilustra un patrón de aprovechamiento de la incompetencia judicial y de la política como un medio para recuperar el poder.

(…continuará…)

Nota: Tomado del libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, de Alfonso Quiroz. Publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Toda la información dada por el historiador está sustentada en las fuentes del respectivo capítulo del libro de marras.

Nota 2: Transcripción: Eduardo Abusada Franco

2 Comments

    • Juan Abanto Sáenz
    • 13 febrero, 2016
    • Responder

    Siempre ha habido corrupción en el Perú, hay que seguir combatiéndolo.Pero de todo lo que ha escrito supuestamente dicho historiador, que son opiniones, Alan se le sometió al Poder Judicial, no es un líder perfecto tiene muchos defectos, pero creo que los otros tienen más.La única solución para que un político gobierno bien es que proceda de Partidos democráticos y organizados, así puede disminuir la corrupción que lo veo en todo el Perú y en todos los niveles.

  1. Aqui te falta leer este enlace para que complementes tu conocimiento sobre obra y vida de esto Teracorrupto que hizo mucho daño a nuestro país:

    https://medium.com/@iiperu/oscar-lopez-meneses-el-eslabon-perdido-entre-el-apra-montesinos-y-el-gobierno-e5de3fa02f22

    https://medium.com/@iiperu/el-comercio-exterior-de-oro-ilegal-y-el-congreso-28dd8e7fd6fd#.u6q376yt7

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