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LA REACCIÓN DE BASOMBRÍO

“Hasta el momento, los policías peruanos suponían que, si mataban a un campesino, gozarían de impunidad, de manera semejante a lo que ocurre en Estados Unidos cada vez que la policía mata a un afroamericano desarmado, aunque sea un niño, tenga problemas mentales, haya cámaras de televisión o muchos testigos. Esta impunidad ha estado presente en todas las muertes de campesinos cometidas por la Policía Nacional durante los democráticos gobiernos de Toledo, García y Humala”.

Por Wilfredo Ardito Vega

Anoche, el Ministro del Interior difundió un video con un mensaje sobre la muerte del campesino Quintino Cereceda muy distinto a la actitud de sus predecesores. Reconoció que Cereceda fue asesinado en Cotabambas el viernes por un disparo en la frente; señaló que hubo diversas irregularidades en el operativo policial; declaró que es inaceptable una intervención policial donde no se respeten los derechos humanos y anunció que el crimen deberá ser esclarecido y sancionado.

Hasta el momento, los policías peruanos suponían que, si mataban a un campesino, gozarían de impunidad, de manera semejante a lo que ocurre en Estados Unidos cada vez que la policía mata a un afroamericano desarmado, aunque sea un niño, tenga problemas mentales, haya cámaras de televisión o muchos testigos.

Esta impunidad ha estado presente en todas las muertes de campesinos cometidas por la Policía Nacional durante los democráticos gobiernos de Toledo, García y Humala.

El primero de estos hechos ocurrió en el año 2002, cuando el anciano Marcelino Sulca falleció porque la Policía le arrojó una bomba lacrimógena al pecho. El Ministro del Interior de la época, Fernando Rospigliosi,  respaldó a la Policía y en el resto del gobierno de Toledo otros diez campesinos fueron asesinados, entre ellos Guillermo Tolentino, que protestaba por los abusos de una empresa minera en Huaraz, y Efraín Arzapalo, quien reclamaba contra la contaminación del Lago Chinchaycocha en Junín. Fallecieron también Enrique Mega (Pucalá, Lambayeque), Nicolás Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco (San Gabán, Puno). Solamente durante el tiempo que duró la gestión de Gino Costa se logró detener la violencia policial.

En tiempos de Alan García, las muertes de campesinos fueron mucho más numerosas, especialmente quienes participaban en movilizaciones como Marvin Gonzales (Santa, Ancash)  y Julián Altamirano (2007, Andahuaylas, Apurímac).  El fatídico 18 de febrero del 2008, durante un paro nacional campesino, la policía mató a Julio Rojas en Barranca y a Emiliano García y Rubén Pariona en Ayacucho.  Lo extraño fue que, pese a que eran zonas distantes, los tres murieron de la misma forma, por disparos a la cabeza, como si los policías hubieran recibido una orden superior (el viernes, según la autopsia, Quintino Cereceda falleció de la misma forma).  En aquel año tan violento, la Policía Nacional estaba comandada nada menos que por el actual congresista Octavio Salazar.

Durante el gobierno de García, Puno fue uno de los departamentos donde se produjo la mayor violencia, pues la policía disparaba indiscriminadamente hasta en operativos contra el contrabando. Así murieron el niño Imel Huayta en el 2007 y los campesinos Miguel Añamuro y Justo Loma en dos incidentes ocurridos en el 2008.  En el Día del Campesino del 2011 se produjo además la masacre de Juliaca: la policía mató a Félix Vircanota, Antonio Campos, Raúl Chacchata, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán. Ellos protestaban contra la contaminación del río Ramis.

En ese gobierno, también las Fuerzas Armadas mataron a varios campesinos, como Franklin Estalla, a quien inicialmente se quiso presentar como senderista. Se produjo además la masacre de Río Seco, donde murieron Félix Canchanya, Maximiliano Pichardo, Alejandro Pichardo y  Rosa Chávez Sihuincha. Parece ser que los militares también asesinaron a los niños Moisés (6 años) y Rosa Linda (un año), que se encuentran en calidad de desaparecidos. Cuando los periodistas ayacuchanos le preguntaron por los niños al entonces Ministro de Defensa Antero Flores Araoz, soltó un comentario brutal y sarcástico al respecto.

Muchas veces, además, las empresas mineras celebran convenios con la Policía Nacional, que ya no parece ni siquiera una agencia de seguridad privada, sino un grupo de crueles mercenarios. En Piura, por ejemplo, la policía al servicio de la empresa Majaz-Monterrico Metals, mató a Reemberto Herrera (2004) y Melanio García (2005),   En el último caso, además, muchos campesinos fueron torturados en el campamento de la empresa, que ha aceptado pagar una indemnización al ser demandada ante los tribunales ingleses. En tiempos de García, cuando la empresa china Zijin había reemplazado a Monterrico Metals,  la Policía también mató a los campesinos Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez (2009).

Durante el gobierno de Humala, la policía usó el campamento de la empresa Xstrata en Espinar como centro ilegal de detención durante los violentos incidentes en que además mató a Rudencindo Manuelo Puma,  Walter Sencia y al anciano Félix Yauri.  Semanas después, se produjeron en Cajamarca las  protestas contra el proyecto Conga y la policía mató  a Joselito Vásquez en Bambamarca y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años.

Ante el recurrente panorama de impunidad, la reacción de Basombrío, disponiendo inclusive que los policías pasen por la prueba de absorción atómica para detectar quién mató a Quintino Cereceda, es un mensaje preciso para que la policía sepa que la vida de un campesino deba ser respetada.  También es un mensaje para la empresa china MMG, cuyas arbitrariedades ya han generado cuatro muertes en Apurímac.  Por eso, también debería aprovecharse la oportunidad para revisar los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional que han deslegitimado a esta última ante los ojos de la población.

–Pronunciamiento del ministro Basombrío:

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