Haya 50 mil intis

HAYA DE LA TORRE, EL CONSPIRADOR

El texto transcrito es parte de un capítulo del libro Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quiroz. El mismo da cuenta —con fuentes históricas— del oscuro proceder del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, para tumbarse al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, su otrora aliado. Haya, incluso, según revela el autor, estable conctactos con narcotraficantes, antes del sonado caso de Carlos Lamberg, algo que parece ser un recurso habitual en el partido de la estrella. 

Transición en la cuerda floja

Inmediatamente después de asumir el mando, Bustamante emitió una serie de decretos que buscaban «limpiar la casa» heredada del gobierno anterior. Las nuevas medidas estaban orientadas a inspeccionar más estrechamente las finanzas estatales, eliminar sinecuras y empleos superfluos, y despedir a funcionarios deshonestos. El primer gabinete del nuevo régimen, al cual se le denominó el «gobierno moralizador», estuvo formado por jóvenes profesionales. Basadre, una figura políticamente independiente, fue nombrado ministro de Educación y desde su posición intentó combatir la corrupción entre los funcionarios del ministerio. Aunque tenía una experiencia limitada para semejante cargo, Basadre sostuvo que «por lo menos, fuimos honestos». Una de sus primeras medidas fue realizar una profunda investigación del sospechoso incendio que había destruido la Biblioteca Nacional, un desastre sobre el que no se había indagado plenamente.

Para asumir su nuevo cargo ministerial, Basadre dejó temporalmente la dirección de la Biblioteca Nacional, puesto que había asumido inmediatamente después del incendio de mayo de 1943. En esa función de reconstruir y restaurar la biblioteca, Basadre tuvo fricciones con la compañía e ingeniero contratados por el Ministerio de Fomento para construir su nuevo edificio: los costos continuaban creciendo sin tener en consideración las necesidades presupuestarias y técnicas. Como ministro, Basadre también descubrió una trama para defraudar al Estado por aproximadamente el 40 por ciento del valor de un número considerable de pupitres escolares, fabricados por un contratista en colusión con un funcionario de alto rango. Basadre sentó la denuncia y remitió el caso a un tribunal indiferente. El funcionario acusado respondió apoyándose en influencias políticas para evitar ser procesado e inició trámites para un juicio por difamación contra el ministro.

"Basadre concluyó que, en el Perú, los burócratas del Estado asumían que el enriquecimiento ilícito mediante la corrupción era una actividad normal".

“Basadre concluyó que, en el Perú, los burócratas del Estado asumían que el enriquecimiento ilícito mediante la corrupción era una actividad normal”.

Este episodio y la presión política ejercida por el APRA obligaron a Basadre a renunciar como ministro a solo dos escasos meses y días de asumir la cartera. Luego de su renuncia, Basadre volvió a su puesto de director de la Biblioteca Nacional hasta el año 1947. A partir de esta experiencia fugaz como ministro, Basadre concluyó que, en el Perú, los burócratas del Estado asumían que el enriquecimiento ilícito mediante la corrupción era una actividad normal.

Las publicaciones apristas criticaron e insultaron a Basadre sin cesar debido a su independencia política, llamándole «un cobarde y un adulón que ha sacrificado la integridad de su posición a cambio de la sinecura». El APRA presionaba para tener el control de varios ministerios claves, entre ellos el de Educación, para así promover sus objetivos políticos. Basadre y otros ministros pasaron a ser el blanco favorito de los dardos apristas como parte de la estrategia global del APRA de humillar, obstruir y desestabilizar al régimen de Bustamante.

Bustamante y su primer ministro, Rafael Belaúnde, inicialmente le habían ofrecido dos carteras al APRA. Sin embargo, la dirigencia aprista exigía al menos cuatro ministerios, entre ellos los de Relaciones Exteriores, Hacienda, Fomento y Educación. Desde el principio, la alianza electoral inicial no se tradujo en una colaboración en el gobierno. El APRA había ganado más del 50 por ciento de todos los escaños en el Congreso. Con el control de la legislatura, el «partido del pueblo», organizado verticalmente, bloqueó las iniciativas legislativas de Bustamante y le disputó la autoridad ejecutiva. El primer acto de este Congreso «independiente» fue aprobar una amplia ley de amnistía que beneficiaba fundamentalmente a los apristas presos por haber cometido actos violentos.

Siguiendo una disciplina estrictamente jerárquica, los parlamentarios apristas bregaron por legislar según la agenda de su partido. Todos los senadores y diputados apristas electos tuvieron que entregar una carta de renuncia en blanco al jefe del partido. Por iniciativa de esta agrupación se formaron varias comisiones investigadoras en el Congreso, supuestamente para perseguir la corrupción, pero lo hicieron en realidad para entrometerse en los asuntos del poder ejecutivo. Una ley de elecciones municipales auspiciada por el APRA facilitó el control aprista sobre muchos municipios locales que competían con las prerrogativas tributarias del gobierno nacional. Esta era una estrategia de oposición política riesgosa y peligrosa, que exacerbaba los conflictos locales.

"El Partido Aprista negoció con el Frente Democrático Nacional (FDN), cuyo candidato era José Luis Bustamante y Rivero, a quien se le tenía en su Arequipa natal como 'demasiado honesto y demasiado carente de carácter político' como para que gobernara al Perú".

“El Partido Aprista negoció con el Frente Democrático Nacional (FDN), cuyo candidato era José Luis Bustamante y Rivero, a quien se le tenía en su Arequipa natal como ‘demasiado honesto y demasiado carente de carácter político’ como para que gobernara al Perú”.

Las serias diferencias que Bustamante y su primer ministro tenían con respecto a cómo manejar las violentas manifestaciones apristas llevaron a la renuncia de Belaúnde. En enero de 1946, Bustamante intentó aplacar al APRA entregándole tres carteras estratégicas: Hacienda, Fomento y Agricultura. La acrecentada influencia aprista en materia de política económica se tradujo en el crecimiento de la burocracia estatal, que llegó hasta un total de 44.700 empleados, 160 por ciento más que con Benavides y 60 por ciento más que con Prado. Muchos de los nuevos puestos estatales fueron para militantes del APRA. Esta política presupuestaria expansiva chocaba con una situación económica en deterioro, con inflación y escasas reservas de divisas, todo lo cual ya era observable hacia el final del gobierno anterior. Para los apristas, entre otros, la reforma social justificaba el incremento en gasto público, aun cuando esto beneficiaba fundamentalmente a la misma burocracia estatal.

Del mismo modo, las políticas de tipo de cambio y controles a las importaciones, heredadas del régimen de Pardo —medidas supuestamente necesarias para incrementar las reservas de divisas e impedir la fuga de capitales—, en realidad beneficiaban a quienes obtenían licencias de cambio y de importación. Estos permisos fomentaban privilegiadas ventajas monopólicas y eran obtenidas mediante la influencia o el soborno. Entretanto, el control de cambios sofocaba los incentivos para la exportación; en consecuencia, el volumen de las exportaciones se estancó y los ingresos procedentes de las exportaciones decayeron. Los exportadores, liderados por Pedro Beltrán, manifestaron su descontento. La escasez de los productos de primera necesidad alimentaba el descontento popular. Los controles de precios empeorar las cosas. La crítica carencia de divisas extranjeras intensificó la necesidad de contar con préstamos externos de estabilización, que, sin embargo, se encontraban empantanados debido a la espinosa cuestión del subsistente impago de la deuda externa anterior. A pesar de los frenéticos esfuerzos oficiales, las negociaciones en torno a la deuda externa siguieron fracasando, y eso se sumó a las dificultades que sufría el asediado gobierno de Bustamante. La influencia aprista en la política económica, en combinación con las descaminadas políticas heredadas, resultó desastrosa.

La ambición aprista por el poder supremo justificaba no solamente aplicar políticas económicas irresponsables, sino también prácticas irregulares e ilegales por parte de sus militantes, sin importar el empeoramiento de la situación económica y social. Una temprana medida ventajosa para las operaciones clandestinas del APRA fue la disolución de la división de la policía de investigaciones y la «reorganización» general de las fuerzas policiales presionada por legisladores apristas. Se otorgaron prefecturas y subprefecturas de provincias claves a miembros de este partido. Además, asistidos por una sesgada ley electoral municipal aprobada en el Congreso, políticos apristas controlaron abusivamente las «juntas transitorias» que malversaban los fondos municipales por medio de «verdaderos peculados».

Los anónimos informantes confidenciales del agregado militar de Estados Unidos reportaban que el APRA se había apropiado ilegalmente de fondos considerables mediante su manejo de las finanzas nacionales, el clientelismo en las obras públicas y el control de las licencias de importación. Estos fondos fueron supuestamente trasferidos a Estados Unidos y Europa por un leal confidente aprista para financiar las operaciones del partido en caso se presentase problemas en el Perú. Aunque el embajador estadounidense consideraba que esta información era exagerada, otros funcionarios pensaban que el informe coincidía con información independiente acerca del «crecimiento de una difundida corrupción en el Perú». Varios nombres y ejemplos fueron mencionados como evidencia.

Con el fin estratégico de conservar sus buenas relaciones con los funcionarios e intereses de Estados Unidos, la dirigencia aprista apoyó el apresurado contrato ad referéndum de Bustamante para otorgarle, a la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria canadiense de la Standar Oil de Nueva Jersey, una concesión perpetua de derechos de exploración petrolera en el desierto norteño de Sechura. Esta postura a favor de la IPC le ganó al APRA amigos influyentes en Washington. Sin embargo, conservadores y comunistas se opusieron por igual a este acuerdo. Estos opositores sostenían que el contrato debió darse después de la promulgación de una ley general de explotación petrolera, además de que los políticos apristas estaban implicados indebidamente en tal proyecto para su propio beneficio pecuniario. El convenio no fue aprobado en el Congreso, puesto que la conservadora Alianza Nacional, dirigida por Beltrán, apoyó la abstención de la oposición en la sesión de apertura del legislativo en julio de 1974. Esta medida obligó a tomar un prolongado receso parlamentario.

Uno de los opositores más activos al contrato de Sechura fue Francisco Graña Garland, presidente de la junta directiva del periódico La Prensa e influyente hombre de negocios. El 7 de febrero de 1947, cuando abandonaba el edificio de una de sus empresas, Graña fue muerto a tiros por varios hombres que huyeron en un automóvil verde marcha Buick. A pesar de la ineptitud de la policía de investigaciones que truncó la resolución del caso, se logró identificar a Manuel López Obeso como el dueño del vehículo, y se acusó formalmente al congresista aprista Alfredo Tello, el secretario de defensa del partido a cargo de los escuadrones de fuerza. El APRA negó estar involucrado en el asesinato y comunicó a través de varios canales teorías descabelladas que apuntaban hacia otros posibles culpables. En efecto, el asesinato de Graña transformó la escena política y minó la posición del APRA; sus jefes se vieron forzados a proponer una «retirada estratégica» y la renuncia de los tres miembros apristas del gabinete. Bustamante rompió abiertamente abiertamente con el APRA, pero luego cometió el error garrafal de formar un gabinete integrado por militares, con el que buscaba desestabilizar la volátil situación. Esta dependencia excesiva de las fuerzas armadas abrió las puertas a una costosa intervención militar.

El APRA no dejó de conspirar, promover la subversión entre los oficiales subalternos e interferir en el proceso de ascensos militares. El CREO y otras organizaciones militares ilegales prepararon un clima de insurrección, fomentado tanto por dirigentes apristas como por sectores reaccionarios. En una entrevista con diplomáticos estadounidenses en agosto de 1948, Haya anunció planes en marcha para lo que sería un derrocamiento militar del presidente Bustamante «sin derramamiento de sangre». Haya, asimismo, informó al embajador español que la opresión de la oligarquía cesaría en cualquier momento. El alto mando militar quedó preocupado con la inminente revolución aprista.

En abril de 1948, se encontró una gran cantidad de armas a bordo del navío de guerra peruano BAP Callao, que regresaba de efectuar reparaciones en un astillero de Nueva York. Aparentemente estaban destinadas a los insurgentes. Se sospechó, entonces, de la participación de oficiales de marina apristas. Haya había estado en Nueva York a comienzos de 1948, cuando el navío aún se hallaba en puerto. Aún más, los oficiales al mando de navío le habían invitado a que cenara a bordo. Según testigos, se sospechaba que el traficante en narcóticos Eduardo Balarezo se encontraba suministrando armas, municiones y fondos al APRA. Este abordó el Callao llevando costosos artefactos de contrabando, que fueron interceptados en el puerto del Callao por funcionarios de aduanas, a los cuales intentó sobornar. La posible vinculación del APRA con el tráfico ilegal de Balarezo fue revelada por la prensa estadounidense y peruana de 1949-1950. Una investigación del Buró Federal de Narcóticos en Nueva York reveló la operación de contrabando de cocaína a Estados Unidos realizada por Balarezo y sus posibles vínculos con el partido de Haya.

Tras un intento abortado en febrero de 1948, el muy esperado levantamiento aprista tuvo lugar el 3 de octubre de ese año. Esta asonada involucró a marineros y oficiales de la Marina de Guerra en el Callao, pilotos de la Fuerza Aérea de la base de Las Palmas y civiles en Lima. Los insurrectos controlaron varios navíos de guerra, la Escuela Naval y la guarnición del Real Felipe, pero no lograron capturar bases del Ejército ni la Fuerza Aérea. En Lima, una turba atacó la central telefónica y trastornó las comunicaciones. No cabía duda de que los apristas radicales habían preparado el movimiento, dada la identidad de la dirigencia naval de la insurrección y su acción coordinada con militantes armados. Estos radicales habían sido animados consistentemente a que tomaran estas acciones, aunque la dirigencia del partido pudo atemorizarse a último momento. El levantamiento aprista perdió impulso y fue aplastado por el Ejército. Los principales dirigentes del partido pasaron a la clandestinidad o buscaron asilo en diversas embajadas.

Bustamante quedó entonces expuesto a la influencia del general Manuel Odría, exjefe de Estado Mayor del Ejército y ministro de Gobierno, quien desde mayo de 1947 venía activamente abogando para que se le colocara al APRA fuera de la ley y para reabrir carta blanca en los asuntos de seguridad interna. Odría era un firme paladín antiaprista, que contaba con un sólido respaldo entre los oficiales militares de alto rango, comprometidos con la destrucción del APRA y su perniciosa influencia dentro de las Fuerzas Armadas. Bustamante retiró a Odría del gabinete en junio de 1948, pero no logró detener su amenazante conspiración. Apenas unas cuantas semanas después del levantamiento aprista el 28 de octubre de 1948, Odría realizó un clásico golpe militar en Arequipa. Fue cuidadosamente planeado y muy parecido al que Sánchez Cerro escenificara en 1930. Los regimientos más importantes en provincias y Lima apoyaron a Odría en su acción de deponer a Bustamante, quien fue forzado a exiliarse. La dictadura militar establecida por Odría abrió un nuevo capítulo en la historia de la corrupción del sector público, implicando profundamente al sector militar que ahora poseía el control directo del gobierno y sus recursos.

 NOTA: Tomado del libro Historia de la corrupción en el Perú (IEP, 2013), del historiador Alfonso W. Quiroz. [En la presente transcripción se han obviado los pies de página del presente capítulo, que están a partir de la pg. 295, y en donde figuran todas las fuentes que confirman lo investigado por Quiroz].

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