Vladimiro

Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS CON LA DINI?

En el marco del reciente seminario realizado en Lima por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), la Red Latinoamericana de Seguridad (RELASEDOR) y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la PUCP, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus expositores, el especialista en seguridad, defensa e Inteligencia Andrés Gómez de la Torre, quien disertó sobre el tema de la política y legislación de Inteligencia en el área andina. A raíz de la crisis de la DINI y sus proyecciones va esta entrevista.

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Andrés, hagamos un poco de pedagogía e historia. ¿Recuerdas la razón por la que se crearon los servicios de inteligencia en el Perú?

Los servicios militares datan de fines de los años cuarenta, con la Dirección de Radio-Inteligencia Naval (DRIN) organizada por el Capitán de Corbeta AP Guillermo de las Casas Frayssinet, gracias al apoyo de la US Navy, estrecha colaboradora y asesora con su contraparte peruana. Al presidente Manuel Prado lo convencieron para crear en 1960 el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) debido a la guerra fría y el proceso de contención al comunismo; lo que suponía la extensión continental de la amenaza de las guerrillas castristas y foquistas en Cuba. Fue parte de las reformas realizadas en los años cincuenta por el Ejército Peruano por obra y gracia de sus influencias doctrinarias francesas, muy imbuidas por la guerra no convencional llevada a cabo en Argelia: allí están los generales peruanos Alfredo Rodríguez Martínez; Julio Doig Sánchez, el primer jefe del SIN; Alejandro Cuadra Ravines; y Juan Bossio Collas, segundo jefe del SIN; entre otros personajes. Al SIN llegaron a trabajar, en 1960, personajes históricos en la Inteligencia nacional: el entonces Capitán de Fragata AP José Arce Larco y el Comandante FAP Luis Barandiarán Pagador.

¿Hubo siempre la tentación en los gobiernos de emplear las viejas y malas prácticas del espionaje?

Habría que preguntarle eso a Alejandro Esparza Zañartu, el todopoderoso Ministro de Gobierno y Policía de la dictadura militar del ochenio, presidida por el general Manuel A. Odría. También a Augusto Zimmermann Zavala, un conspirador por excelencia de los años setenta durante el Gobierno Militar, como asesor del entonces mandatario Juan Velasco Alvarado. Eran, sin duda, los proto-Montesinos.

A la izquierda, Andrés Gómez de la Torre. En el Seminario abordó el tema de política y legislación de Inteligencia en el área andina.

A la izquierda, Andrés Gómez de la Torre. En el Seminario abordó el tema de política y legislación de Inteligencia en el área andina.

 

¿En qué crees falló la DINI en éste gobierno: en un error de concepción, de operación o de las personas que ejercieron su conducción?

Mira, yo conozco mucha gente que estuvo en este gobierno en la DINI, sea en la llamada Alta Dirección o puestos de confianza de alto nivel; también conozco a analistas de muy diversas épocas, incluido el SIN de los noventa. Trabajé con ellos en el Gobierno anterior y —en menos casos— en los gobiernos de Toledo y Paniagua, parafraseando el libro del periodista Tim Weiner, en el Legado de cenizas en que quedó el SIN tras su caída y desactivación por los años 2000 y 2001, y que heredó el efímero y diletante Consejo Nacional de Inteligencia – CNI.

Voy al punto: lamentablemente en el Decreto Legislativo N° 1141, promulgado en diciembre de 2012 vía “facultades delegadas”, se otorgaron excesivas funciones operativas a ciertos órganos de línea de la DINI, como la desactivada Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), que fuera creada el 2006 con la estructura orgánico-funcional de la derogada Ley Ordinaria Congresal N° 28664. A la DIE, heredera de las viejas Direcciones de análisis de Frente Interno y Frente Externo desde el SIN de los años setenta, la transformaron lacónicamente en una Dirección de Inteligencia (D.I.), entre otros aspectos con facultad de gasto y manejo de recursos especiales. Esto no debió suceder en una entidad históricamente ligada al análisis y procesamiento de información. Percibí en algún momento, a inicios de Gobierno, una sigilosa propensión, tal vez excesiva, hacia el ámbito operativo de la DINI, dejando de lado lo estratégico: allí está en parte la explicación del problema suscitado en últimos meses

¿Qué hacemos entonces con la DINI hoy?

Enfocar una reforma institucional que pase por un marco jurídico que contenga una estructura de la DINI más pequeña en términos de personal; por ejemplo, con un tope de funcionarios de planta establecidos en la ley, como en Chile con su norma 19.974 de 2004, que excluye —desde luego— las redes de colaboradores e informantes. No sé si sea un núcleo tan corto como el planteado por Fernando Rospigliosi, de unos 50 elementos, a la chilena como la de una ANI (Agencia Nacional de Inteligencia creada por la Concertación chilena) sin capacidades operativas y nutrida de información de los otros componentes del sistema. Al respecto, creo que en el tema del personal podría ser algo más de 50 personas, pero de ninguna manera la abultada planilla que hoy tiene la DINI.

Veo viable y pertinente concentrar y orientar sus funciones en la coordinación y la formulación de productos en el nivel estratégico para los tomadores de decisión. Ojo, no he propuesto elaborar una nueva Ley de Inteligencia, ya que sería un exceso tener en 15 años de democracia cuatro leyes del sector. Más bien, habría que introducir modificaciones en el Decreto Legislativo N° 1141 y su Reglamento, y probablemente a otras normas de nivel inferior, lo que debería ser propuesto por la Comisión Reorganizadora de la DINI, y que corre en paralelo a cuatro proyectos de Ley que están en la Comisión de Inteligencia, varios de ellos presentados por bancadas opositoras.

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¿Y qué otras funciones debería asumir la Comisión de Reorganización de la DINI?

Pues no muchas, ya que su mandato está claramente acotado por los artículos N° 2° y 4° del Decreto Supremo N° 013-2015-PCM de su creación: las responsabilidades penales deben estar a cargo de la Fiscalía de la Nación, individualizándolas; y el control político en la instancia debida, que es la Comisión de Inteligencia del Congreso. Esta emitirá sus respectivo informes, en mayoría y en minoría, debatidos y aprobados en el Pleno, y que deberán ser tomados en cuenta como parte del análisis y diagnóstico que elaborará la Comisión Reorganizadora. Recuerdo que en el Informe del gobierno mexicano promulgado en la transición del PRI al PAN para la evaluación del CISEN (la DINI mexicana), que el Presidente Vicente Fox hizo suyo, se encontraron vulnerabilidades pero también fortalezas en el órgano de Inteligencia; es decir, no todo era negativo y esto debería suceder en nuestro caso. No se debe simplemente estigmatizar generalizando.

¿En cuánto tiempo se haría la nueva reforma de inteligencia?

Pronóstico reservado de tramo largo: 150 días para la presentación del Informe de la Comisión Reorganizadora de la DINI, seguramente con una minuta de Proyecto de Ley que tendría que ser revisado primero, tal como lo hizo Carlos Ferrero el 2014 desde la PCM con el Proyecto de Ley de la Agencia de Inteligencia Estratégica – AIE (elaborado por la entonces Comisión Reorganizadora Obando, Pérez, Peña & Guerra García), y luego hecha suya por el Poder Ejecutivo. La misma fue enviada al Congreso, proveída a la Comisión de Inteligencia para elaborar pre-dictamen, junto a las otras cuatro iniciativas legislativas en cartera de la Comisión. Luego, para aprobar con debate el pre-dictamen, en Comisión; y enviar el dictamen para agendarlo para discusión en el Pleno, ya estaríamos hablando del período legislativo 2015-2016. Sería conveniente que el Proyecto de Ley a ser elaborado por la Comisión Reorganizadora acumule o tome las propuestas de los cuatro Proyectos de Ley pendientes ya existentes en Comisión de Inteligencia para agilizar el proceso. También existen otros dos Proyectos de Ley colaterales: uno para modificar el T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y otro para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo dependerá en mucho de la voluntad política del Gobierno… que está de salida, ¿no?; y de las prioridades de la agenda legislativa en el Congreso, que me temo no estarán muy enfocadas en la materia.

Entonces, ¿hay algo bueno rescatable en la DINI?

No me cabe la menor duda.  En materia legislativa la norma vigente recogió el planteamiento colombiano de la protección del personal de Inteligencia, identidades y entornos familiares, plasmada en ese país con sus leyes de 2008 y Estatutaria de 2013. Nuestro personal del Sistema de Inteligencia andaba muy desprotegido y desamparado, especialmente cuando ejecutaba operaciones especiales, fundamentales cuando tienes, como en nuestra realidad, amenazas tangibles del calibre del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado a flor de piel. En materia de control público de Inteligencia también el Decreto Legislativo N° 1141 de 2012 es razonable, aunque no se apliquen los mecanismos previstos. Este último es un tema muy complejo, el típico tira y afloja entre productores y fiscalizadores, y está presente como escollo en todos los parlamentos y su relación con los servicios, especialmente en el área andina. Desde luego, reitero una vez más que las Comisiones Parlamentarias no toman decisiones, ya que no son parte del Poder Ejecutivo y resulta descabellado convertirlas en consumidoras del producto de Inteligencia.

Gómez de la Torre considera que aún hay elementos "rescatables" en la DINI. No todo está perdido.

Gómez de la Torre considera que aún hay elementos “rescatables” en la DINI. No todo está perdido.

¿Y en sus integrantes actuales, hay gente rescatable?

Dejo expresa constancia de que existe algún personal de analistas en la Dirección de Inteligencia (DI) —pocos pero lo hay— que integran también la planta académica de la Escuela de Inteligencia (ENI), con características pertinentes de competitividad laboral y solvencia necesarias para constituirse como un buen capital humano de la institución, especialmente los integrados en la etapa democrática desde el año 2001.

¿Crees que ha sido una mala etapa éste último quinquenio para la Inteligencia peruana?

Veamos, hace muchos años, tal vez desde hace tres décadas, no estamos con mucha suerte en materia de institucionalización de la Inteligencia; quizás estuvo un poco mejor en los setenta, pese al gobierno militar. En los años ochenta, particularmente en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, tuvimos un poco de mejor racha, pues en 1984, con todos sus defectos, se organizó el Sistema de Inteligencia Nacional en base a los Decretos Legislativos N° 270 y N° 271, y fue establecido el Consejo Superior de Inteligencia (COSI); además, se creó la Escuela de Inteligencia (ESIN) y se organizó un poco antes un Comité de Asesores (COA-SIN), heredero del COAPRIM,  con personal civil de experiencia en estos menesteres, y se llevaron a cabo los primeros cursos del sistema para analistas y agentes (CAI) en 1985. Fue, en cierto modo, la herencia y legado positivo de Edgardo Mercado Jarrín y Jorge Fernández Maldonado, como exministros de Guerra de los años setenta, con quienes, desde luego, uno puede discrepar en términos de sus planteamientos y trayectoria política o ideológica.

Finalmente, ¿quién crees que se beneficia con esta situación de la DINI?

Vladimiro Montesinos y los funcionarios del ex SIN de los noventa deben estar frotándose las manos, vociferando la frustrada experiencia de reconstrucción de Inteligencia en democracia. Algo muy lamentable que nunca debió pasar.

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